Sostenibilidad y justicia social
A pesar de los adelantos conseguidos en desarrollo humano en los años más recientes, la distribución del ingreso ha empeorado, todavía persisten graves desigualdades entre hombres y mujeres y el acelerado deterioro del medioambiente impone una «carga doble de privación» en las familias y comunidades más pobres del planeta, advierte el Informe. La mitad de todos los casos de desnutrición del mundo se debe a factores medioambientales, como la contaminación del agua y la escasez de alimentos producto de las sequías. Según el Informe, esto perpetúa un círculo vicioso de empobrecimiento y daño ecológico.
El Informe también insiste en que una buena calidad de vida no tiene por qué ir siempre acompañada de un alto consumo de carbono y pone como ejemplo a algunos de los países más ricos, donde si bien las emisiones de dióxido de carbono han estado estrechamente relacionadas con el crecimiento del ingreso nacional en las últimas décadas, el consumo de combustibles fósiles no está correlacionado con otras medidas del desarrollo humano, como la esperanza de vida o la educación. De hecho, muchas naciones industriales avanzadas están consiguiendo reducir su huella de carbono sin perjudicar su crecimiento.
«El crecimiento impulsado por el consumo de combustibles fósiles no es un prerequisito para una mejor vida en términos de desarrollo humano», precisa Helen Clark. «Las inversiones que mejoran la equidad ─por ejemplo en cuanto a acceso a energía renovable, agua y saneamiento, y salud reproductiva─ pueden mejorar tanto la sostenibilidad como el desarrollo humano».
El Informe propone que la prestación de electrificación para las 1.500 millones de personas que hoy carecen de este servicio se haga de manera asequible y sostenible, sin un aumento significativo en las emisiones de carbono. Según el texto, la iniciativa de «Acceso universal a energía», que cuenta con el respaldo de la ONU, podría concretarse con inversiones del orden de una octava parte de los fondos que actualmente se destinan a subvencionar el uso de combustibles fósiles, que bordearon los 312.000 millones de dólares en 2009.
El Informe se une a las voces que instan a considerar urgentemente un impuesto a las transferencias de divisas u otros cargos a las transacciones financieras internacionales para solventar la lucha contra el cambio climático y la pobreza extrema. Por ejemplo, se calcula que la aplicación de un impuesto de apenas el 0,005% al comercio internacional de divisas podría contribuir a reunir 40.000 millones de dólares cada año o más. Esto avivaría significativamente el flujo de ayuda dirigida a los países más pobres, que ascendió a 130.000 millones de dólares en 2010, en un momento en que la financiación del desarrollo languidece debido a la crisis financiera mundial.
«Este impuesto permitiría que aquellos que más han ganado con la globalización ayuden a los que menos beneficio obtienen de ella», sostiene el Informe y calcula que cada año se necesitan unos 105.000 millones de dólares solo para financiar las tareas de adaptación al cambio climático, especialmente en Asia Meridional y África Subsahariana.
El Informe examina algunos factores sociales que no siempre están asociados con la sostenibilidad medioambiental:
La expansión de los derechos reproductivos, al acceso a atención de salud y a anticonceptivos abrirían un nuevo frente en la lucha contra la desigualdad de género y la pobreza, arguye el Informe. Los derechos reproductivos pueden contribuir a reducir la presión sobre el medioambiente, ya que ralentizarían el crecimiento demográfico mundial en un momento en que se espera que la población del planeta aumente de 7.000 millones a 9.300 millones en los próximos 40 años.
El Informe también subraya que los organismos de control y los que velan por la transparencia, ya sean oficiales o independientes, como los medios de comunicación, la sociedad civil y los tribunales de justicia, juegan un papel crucial en fomentar la participación ciudadana en la formulación de políticas ambientales. En el mundo, unas 120 Constituciones nacionales consagran la protección del medioambiente, pero en muchos países no se fiscaliza el cumplimiento de estas disposiciones.
El Informe acentúa que urge tomar medidas audaces a favor del desarrollo sostenible en el plano mundial, pero que las iniciativas locales en apoyo a las comunidades más pobres también pueden ser muy eficaces en función de los costos y beneficiosas para el medioambiente. Por ejemplo, en India, la Ley de garantía del empleo rural, costó alrededor de 0,5% del PIB en 2009 y benefició a unos 45 millones de familias, es decir, a una décima parte de la fuerza laboral del país. Los programas Bolsa Familia, en Brasil, y Oportunidades, en México, cuestan alrededor de 0,4% del PIB nacional pero proporcionan una red de protección social para casi la quinta parte de la población de cada país.
Los autores del Informe predicen que el deterioro descontrolado del medioambiente, desde las sequías en África Subsahariana hasta el aumento del nivel del mar que inundaría a países de litoral bajo como Bangladesh, podría además causar alzas en el precio de los alimentos de hasta 50% y revertir los esfuerzos que actualmente apuntan a expandir el acceso a agua, saneamiento y energía de miles de millones de personas, especialmente en Asia Meridional y África Subsahariana.
En 2050 y de cumplirse el escenario de «desafío medioambiental» que tiene en cuenta el efecto perjudicial del calentamiento global en la producción de alimentos y en la contaminación, el IDH promedio sería 12% inferior en Asia Meridional y África Subsahariana que en otro escenario de deterioro medioambiental. Sin embargo, las proyecciones más pesimistas de «catástrofe medioambiental» ─vasta deforestación, pérdida drástica de la biodiversidad y aumento de los fenómenos climáticos extremos─ predicen una disminución del IDH mundial de 15% en relación con la proyección base para 2050. Como es de esperar, los efectos más perniciosos seharán sentir en las regiones más pobres.
El deterioro del medioambiente podría poner fin a décadas de esfuerzos destinados a expandir el acceso a agua saneamiento y electricidad en las comunidades más pobres. «Estas privaciones absolutas, que ya son importantes en sí mismas, son además una violación flagrante de los derechos humanos», concluyen los autores.