Participación de las Mujeres en la Toma de decisiones
En el último quinquenio en América Latina y el Caribe se eligió a seis mujeres para liderar el destino de sus países. Con la asunción de Rousseff al poder en el Brasil, nada menos que el 42% de América Latina estará gobernado por una mujer. Un hecho inusitado para la región y para su historia. Sin embargo, esto no es casual, hace ya 15 años que se comienza a gestar un proceso de inserción de las mujeres a la toma de decisiones de sus países. A partir de los años noventa y durante la década del 2000, varios países incorporaron cambios de forma paulatina a sus códigos electorales. Hoy 13 países latinoamericanos cuentan con legislación que determina las cuotas para la inscripción de candidatas a los parlamentos nacionales.
El camino hacia la paridad política como horizonte se vislumbra claramente si bien aún persisten resistencias ideológicas que asumen que el rol principal de la mujer se asocia al hogar. En el mundo público la mujer se ha insertado en la sociedad con muchas discriminaciones en comparación con los hombres, por ejemplo, sólo el 52% de las mujeres de la región participan activamente del mundo laboral y sujetas a muchas discriminaciones. Sin embargo, es en la participación de la vida económica remunerada en donde las mujeres han ganado más espacios.
El Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe ha definido los indicadores de igualdad en torno a tres dimensiones fundamentales para el logro de la autonomía de la mujer y su inserción igualitaria en la sociedad. La autonomía económica, la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones. Esta última retrata la participación política de la mujer.
La autonomía de las mujeres es un factor fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en un contexto de plena igualdad, y el control sobre su propio cuerpo, la generación de ingresos y recursos propios y la plena participación en la toma de decisiones que afectan su vida y su colectividad constituyen tres pilares para lograr una mayor igualdad de género en la región.
Durante la décima Conferencia Regional de América Latina y el Caribe, los países reconocieron a la paridad como un elemento determinante de la democracia, cuyo fin es “alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres” (Consenso de Quito, 2007). La autonomía en la toma de decisiones posee en el horizonte la idea de la paridad, que entendida de forma extensa implicaría la representación de la mujer de manera proporcional a su población.
Todos sabemos que esto no es así. Sólo 1 de cada 5 legisladores es mujer en la región y hace 15 años esta situación era aún más inequitativa, solo 1 de cada 10 mujeres alcanzaba un escaño en el parlamento. Estos últimos años han sido decisivos para el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones y, sin duda las leyes de cuotas -inauguradas por la Ley Nacional de Cupo en Argentina en 1991- han sido un mecanismo indispensable y fundamental para el camino hacia la igualdad de derechos y la paridad.
La autonomía como concepto político implica la capacidad de los sujetos para formular proyectos propios y la posibilidad de llevar a cabo acciones deliberadas para lograrlos. En otras palabras, tiene que ver con alcanzar la condición como sujetos capaces de definir sus deseos e intereses y elegir las mejores acciones para concretar dichas elecciones.
En el caso de la autonomía de género se trata del grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de los otros. En ese sentido, hay una estrecha relación entre la adquisición de la autonomía de las mujeres y los espacios de poder que puedan instituir, tanto individual como colectivamente: “el grado de autonomía de un sujeto singular es inseparable del grado de autonomía del grupo social al que pertenece. Es decir, el grado de autonomía personal que una mujer pueda desplegar dependerá también de la autonomía posible de su grupo social y de aquella que las mujeres de la sociedad a la que pertenece hayan alcanzado”.
La demanda por la paridad y las leyes de cuotas
La demanda de paridad en los espacios de toma de decisión fue iniciada por las mujeres europeas en la década de 1980, en respuesta a la baja representación política femenina en los parlamentos y en los altos cargos de poder de la administración pública. El concepto de paridad fue propuesto por el Consejo de las Comunidades Europeas en 1989 y en noviembre de 1992, a petición de la Comisión de las Comunidades Europeas, tuvo lugar en Atenas la primera Cumbre Europea “Mujeres en el Poder”. En la reunión se congregó a ministras y ex ministras, que concluyeron que la democracia imponía la paridad en la representación y administración de las naciones. (Guzmán y Moreno, 2007)).
Las cuotas son mecanismos por medio de los cuales se busca garantizar que las mujeres conformen al menos un porcentaje mínimo (entre el 20 y el 40%) en un órgano de gobierno o de toma de decisiones.
La propuesta de las cuotas ha generado un importante debate y diversas resistencias en el sistema político. Algunos de sus detractores argumentan que se trata de un mecanismo que quebranta los principios de la universalidad del ciudadano y de la competencia en igualdad de condiciones en reconocimiento al mérito personal, por otra parte, señalan que es una medida de corte esencialista y alertan del peligro de estimular la diferenciación de nuevos grupos y formas de representación corporativa de intereses grupales.
Sin embargo, desde el punto de vista de estrategia política, las cuotas electorales no implican el reconocimiento de una identidad esencial de ser mujer, sino que constituyen un mecanismo para contrarrestar la subordinación y generar mejores condiciones para la igualdad real (Guzmán y Moreno, 2007).
Las cuotas se sustentan en el concepto de equidad, que viene a contrarrestar el déficit democrático que significa la ausencia de la mitad de la humanidad -las mujeres- en los lugares de decisión.
En la actualidad, 13 países latinoamericanos cuentan con legislación que determina las cuotas para la inscripción de candidatas a los parlamentos nacionales. Sin embargo, en solo 6 países se tipifica el mandato de posición en las listas y en 10 se explicita la sanción, pero no siempre quedan claras las atribuciones de los organismos electorales para aplicarla. La paridad ha sido definida como ley en Costa Rica y ha sido declarada en las Constituciones de Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela.
En las leyes de cuotas de América Latina se adopta una legislación que define el porcentaje de mujeres que deben inscribirse como candidatas y con posibilidades de ser electas. Además, se obliga a los partidos a hacer modificaciones en sus estatutos para aplicar la normativa en las listas de candidatos a cuerpos colegiados y en sus directivas. De esta manera, en cada país el aumento de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones se debe a la obligación de los partidos políticos de inscribir entre un 20%, como es el caso del Paraguay, y un 40%, como es el caso de México.
En el Estado Plurinacional de Bolivia, el artículo 278 de la Constitución Política del Estado establece que se deberán tomar en cuenta la paridad y alternancia de género en la elección de asambleístas departamentales. En el Ecuador, la Constitución establece, en sus artículos 61 y 65, que el Estado promoverá la representación paritaria en los cargos de nominación o designación de la función pública, en los partidos y movimientos políticos y en las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará la participación alternada y secuencial.
El impacto de las leyes de cuotas en los diferentes países de la región es desigual, sin embargo, se puede afirmar que han generado un aumento determinante de la representación de las mujeres, especialmente en el parlamento. Este aumento se hace sostenido a partir del año 2003 en la región. Aunque la presencia de las mujeres ha aumentado en el promedio regional, en general es más baja de lo que indican las leyes vigentes. Esto ocurre en parte porque hay incumplimiento de las sanciones normadas y operan otros factores, como la compatibilidad con los sistemas electorales, el acceso al financiamiento por parte de las mujeres y las prácticas internas de los partidos que limitan el efecto de estas medidas. Por el contrario, en las alcaldías las mujeres cuentan con una representación que no supera el 8%.
(Fuente: Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y Caribe, CEPAL)